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Omisión del terrorismo de Estado en las normas y en las prácticas políticas

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Omisión del terrorismo de Estado en las normas y en las prácticas políticas nacionales e internacionales

CETIM

 

 

Como se ha señalado en el párrafo precedente, el intento de definición o de descripción del terrorismo de la

Resolución 42/159 de 1987 de la Asamblea General, omite el terrorismo de Estado. Tampoco se refieren al terrorismo de Estado las Convenciones internacionales sobre el terrorismo de antes del 11 de setiembre ni las normas internacionales, regionales y nacionales anteriores y posteriores al 11 de setiembre, ni se tiene en cuenta en las políticas de los Esta­dos nacionales ni de las organizaciones intergubernamentales regionales e in­ternacionales, pese a que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado en más de una ocasión al terrorismo de Estado. Por ejemplo, el 18 de diciembre de 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 3034(XXVII) en cuyos párrafos 3 y 4 reconoce el derecho de los pueblos a la lucha por su liberación y condena las acciones terroristas de los regímenes coloniales, racistas y extranjeros[1].

 

El 17 de diciembre de 1984, la Asamblea General, en su Resolución 39/159 sobre la “Inadmisibilidad de la política de terrorismo estatal y de toda acción de los Estados encaminada a socavar el sistema sociopolítico de otros Estados soberanos”, exigió:

“a todos los Estados que no emprendieran acción alguna encaminada a la intervención militar y la ocupación, a forzar cambios en el sistema sociopolítico de otros Estados o a socavarlo, o a desestabilizar y derrocar a sus gobiernos.” (art.2).

Por su parte la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, a comienzos del decenio de 1990, trató de incluir en su proyecto de Código de crímenes contra la humanidad el crimen de terrorismo de Estado y llegó a aprobar en primera lectura un artículo con la incriminación del terrorismo in­ternacional de Estado. Pero finalmente no hubo acuerdo en el seno de la Comi­sión y el artículo desapareció del Proyecto[2].

Las normas jurídicas deberían ocuparse también del terrorismo de Estado, pues en definitiva dichas normas no sólo establecen reglas para las personas sino también para los Estados, como es por ejemplo el respeto de los derechos humanos. Y el terrorismo de Estado es, sin duda, una grave violación de los derechos humanos.

Se podría definir este gran ausente de las normas y políticas antiterroristas nacionales e internacionales de la manera siguiente:

“El terrorismo de Estado es una política de Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica y/o aniquilar a la oposición armada y/ o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos. La internacionalización del terrorismo de Estado consiste, entre otras formas, en el envío de agentes a otros países para cometer atentados, en el apoyo logístico a acciones terroristas en otros países, en el asesinato de personalidades extranjeras y en aterrorizar a la población civil con ataques aéreos indiscriminados[3].”

C) La indispensable distinción entre el terrorismo y las luchas de liberación nacional y social

Es indispensable no confundir el terrorismo con “el recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, como se dice en el tercer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En ese sentido, en la mencionada Resolución 42/159 de la Asamblea General de 1987 es muy importante el párrafo 14, donde se hace una neta distinción entre el terrorismo y la lucha por la liberación nacional, la libertad y la independencia de los pueblos sometidos a regímenes racistas, a la ocupación extranjera o a otras formas de dominación colonial y el derecho de esos pueblos a buscar y recibir ayuda.

Otras resoluciones de la Asamblea General, entre ellas la ya mencionada 3034(XXVII de 1972), han reconocido el derecho de los pueblos a la lucha por su liberación[4]. Las guerras de liberación nacional también están incluidas en el artículo 1, inciso 4 del Protocolo I adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra[5], pues están considerados conflictos internacionales y las partes deben respetar el derecho internacional humanitario. También los grupos armados disidentes en el interior de un Estado están reconocidos en el artículo 1, párrafo 1 del Protocolo II, siempre que tengan un comando responsable, ejerzan el control de una parte del territorio que les permita realizar operaciones militares continuadas y concertadas y aplicar el Protocolo.

 

 

Note: Définition du terrorisme donnée par Teilelbaum et Özden (haut page 4 de la brochure):

Podría definirse provisoriamente al terrorismo como una acción o una sucesión de acciones violentas destinadas a provocar, con una finalidad determinada, un sentimiento generalizado de miedo, pánico o terror cuyos blancos son, en la mayoría de los casos, personas y lugares indiscriminados y/o elegidos arbitrariamente.

En la(s) víctima(s), esos sentimientos de miedo, pánico o terror pueden provocar reacciones instintivas de autodefensa, neutralizar la voluntad e incluso privarla(s) totalmente de discernimiento y/o sentido crítico.



[1]    Resolución 3034 (XXVII), para 3 y 4: “Reafirma el derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia de todos los pueblos que se encuentran bajo regímenes coloniales y ra­cistas o bajo otras formas de dominación extranjera y sostiene la legitimidad de su lucha, en particular la lucha de los movimientos de liberación nacional, de conformidad con los propósi­tos y principios de la Carta y las resoluciones pertinentes de los órganos de las Naciones Uni­das. 4. Condena la persistencia de los actos represivos y de terrorismo cometidos por regímenes coloniales, racistas y extranjeros al negar los pueblos su legítimo derecho a la libre determina­ción y a la independencia y otros derechos humanos y libertades fundamentales.”

[2]    Informe de la Comisión de Derecho Internacional (1995), Asamblea General, Suplemento Nº 10 (A/50/10), párr. 105 y ss.

[3]    Véase Congreso de los Estados Unidos, Comision Church, “Alleged Assassination Plots Invol­ving Foreing Leaders, An Interim Report”, U.S. Government Printing Office, November 18 1975. Véase también The CIA's Nicaragua Manual, Psychological Operations in Guerrilla Warfare, Vintage Books, Random House, New York, 1985. El informe Church se refiere a las tentativas de asesinar a Fidel Castro y a los asesinatos, entre otros, del general chileno René Schneider en 1970 y del líder congolés Patrice Lumumba, el 17 de enero de 1961, menos de seis meses después de haber sido elegido primer ministro. En un documental emitido por el canal de televisión franco alemán ARTE el 3 de octubre de 2007 (Cuba, una odisea africana), se puede ver y oír a Lawrence (Larry) Devlin, jefe de estación de la CIA en el Congo en la época de los hechos, diciendo que la orden de asesinar a Lumumba la habría dado el Presidente Eisenhower personalmente. Cabe agregar, entre otros, los asesinatos de Juan José Torres, ex presidente de Bolivia, en Buenos Aires en 1976, y de Orlando Letelier, ex ministro de Salvador Allende, en Washington en 1976. A fines de junio de 2007 fueron desclasificados documentos de la CIA, aunque con numerosas tachaduras. En ellos se revela, entre muchas otras cosas, que en setiembre de 1960 la CIA estuvo en tratos con mafiosos de Miami para que asesinaran a Fidel Castro. Son de pública notoriedad los atentados terroristas cometidos desde hace años en Cuba con el apoyo logístico de los Estados Unidos y en Nicaragua durante los años 80. Estos últimos fueron objeto de una sentencia condenatoria de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 27 de junio de 1986: “Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, en el caso República de Nicaragua c. los Estados Unidos de América”: “ Los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de la contra o de otra manera alentar, apoyar y ayudar en la ejecución de actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, ha actuado, contra la República de Nicaragua, en violación de su obligación según el derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado”. http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=367& code=nus&p1=3 &p2=3&case=70&k=6 6&p3=5

[4]    Véase la nota 2.

[5]    “Las situaciones a que se refiere el párrafo precedente comprenden los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, consagra­do en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho inter­nacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.”